Santa Laidy

San Ramiro

Santa Rosa

 

En el marco del evento Día de la Mano Roja en Madrid en febrero de este año se presentó esta exposición con el patrocinio del Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe. 

En Caracas, Venezuela, se presentó el miércoles 19 de mayo, 2010, en la ONG, Organización Nelson Garrido, en el marco de una serie de conversatorios sobre el tema, contaremos con la Lic. Rocío San Miguel, el abogado Gonzalo Himiod y el Padre Alfredo Infante, del Servicio Jesuitas a Refugiados. 

Rosa Virginia Urdaneta Suárez 

lostoreros@gmail.com 

Día de la Mano Roja 

en el marco del Día de la Mano Roja 

Febrero de 2010 

Sobre la situación de niños, niñas y jóvenes inmersos en el conflicto armado colombiano Cada 12 de febrero, desde hace nueve años se conmemora alrededor del mundo el día de la Mano Roja, cuya finalidad es enviar un mensaje abierto de rechazo a todas las prácticas relacionadas con el reclutamiento, la vinculación y el uso de menores en los conflictos armados El reclutamiento, la vinculación y el uso de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados es un delito que atenta directamente contra los derechos de aquellos que pueden ser considerados el sector poblacional de mayor vulnerabilidad a estas y otras acciones violentas que se producen alrededor del mundo: los niños, niñas y adolescentes. 

A pesar de la gravedad de este delito y de tratarse de un sector poblacional protegido por el derecho internacional en el caso de un conflicto armado, este tema aún es desconocido para amplios sectores de la población mundial, ya que hasta hace relativamente poco tiempo ha logrado llamar la atención de los Estados al tratarse de un problema global que no distingue edad, género ni nacionalidad. 

La región Latinoamericana no escapa a esta realidad al albergar uno de los conflictos armados de más larga duración en el mundo, como es el caso del conflicto armado colombiano. Este conflicto ha logrado traspasar las fronteras nacionales afectando a países vecinos, lo que se evidencia en la reproducción de patrones de violencia y en la presencia de grupos armados involucrados en el conflicto que ha azotado a Colombia durante más de 50 años y que ha dejado consigo múltiples vulneraciones a los derechos humanos expresadas en asesinatos, masacres, secuestros, amenazas a la población civil, desplazamientos forzados, expulsión de colombianos hacia otros países, entre otros. 

En este contexto, resulta de especial preocupación la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes colombianos afectados por el conflicto dentro o fuera de las fronteras al ser víctimas de asesinatos, mutilación, reclutamiento y utilización por parte de los actores armados, de ataques contra escuelas y hospitales, violencia sexual, secuestro y de la denegación del acceso a asistencia humanitaria. Asimismo se hace evidente la influencia de este delito en el surgimiento de otras formas de explotación infantil tales como el involucramiento en negocios de producción y tráfico de narcóticos, la trata y la prostitución infantil, entre otros, lo cual lleva a que la situación de la infancia en la región tenga un panorama aún más complejo. Dada la naturaleza de este delito, el cual está estrechamente relacionado con situaciones de clandestinidad, hablar de cifras concretas resulta complejo. 

En un estudio reciente, la Fiscalía de Colombia asegura que tan solo los grupos paramilitares han tenido en sus filas a poco más de 2.500 niños, niñas y adolescentes, a lo que habría que sumar los que han sido vinculados a otros grupos armados, los que día a día son utilizados por los diferentes actores del conflicto o los casos que simplemente no han sido denunciados. Si se va más allá de las cifras, dados los obstáculos que estas presentan, los efectos de estas prácticas son observables y se evidencian en la realidad cotidiana de las comunidades. 

Estos efectos están representados en la relación existente entre las amenazas de reclutamiento y su incidencia en fenómenos de movilidad humana como el desplazamiento forzado y el refugio que afectan a los colombianos y colombianas dentro y fuera de las fronteras nacionales. Una muestra de esto son los 332.000 colombianos con necesidad de protección internacional en los países limítrofes1 o las 3.300.000 personas en situación de desplazamiento en el territorio nacional. 

En este contexto surge la necesidad de extender un llamado urgente a los jefes de Estado de la región para que reconozcan la gravedad de este delito y se dispongan a adoptar medidas que, en concordancia con los instrumentos internacionales que protegen los derechos de esta población, promuevan los principios básicos de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos a través de la implementación de políticas que aseguren su derecho a la identidad, a un nivel de vida adecuado, a la integridad personal, a la salud, a la educación, al libre desarrollo de su personalidad, al libre tránsito, a ser protegidos y protegidas contra la explotación sexual, a la participación y a ser criados en una familia y/o a ser cuidados por sus padres. 

 De acuerdo a cifras de ACNUR se encuentran 180.000 PNPI en Venezuela, 135.000 en Ecuador y 17.000 e Panamá. 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social. Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y El Caribe.